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Breve Historia
de la tortura en la Argentina
Segunda Parte
Por Marcelo
Manuel Benítez
EL PERIODO
LIBERAL
Caído Rosas en 1852, los convencionalistas
de 1853 aceptan de buen grado el artículo
18 de la Constitución sancionada que responde,
ahora sí, a una genuina inspiración beccariana.
Prohíbe definitivamente la pena de muerte
por causas políticas, toda especie de
tormento y los azotes.
Sin embargo, el artículo es cuestionado,
curiosamente, al discutirse la Carta Magna
en Buenos Aires, en 1860.
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En
esa ocasión se rechaza del texto la frase “ejecución
a lanza y cuchillo”, supuestamente por razones
de buen gusto. Mármol defiende el texto, pero
le contesta Rufino de Elizalde sosteniendo que
la anulación de los castigos corporales no debe
figurar en los códigos ni de la justicia criminal
ni de la militar, y defiende los azotes aplicados
a soldados aduciendo que son aceptados en Inglaterra.
La opinión de Elizalde es compartida por Bartolomé
Mitre, fundador del prestigioso diario “ La
Nación”, quien en esa ocasión sostuvo: “El que
levanta la voz al sargento, como el que levanta
la espada al coronel, comete un acto de insurrección
y merece una pena grave; y si los azotes están
abolidos, es preciso matar al hombre por una
pequeña causa cualquiera... Ha llegado el día
en que ha habido 43 casos de muerte, porque
no ha habido otro modo de castigar las faltas
graves. Digo, pues, que la penalidad de azotes
es más humana, considerada filosóficamente”.
Con todo, el castigo corporal queda, en teoría,
abolido una vez más en Argentina. En teoría,
naturalmente, porque la realidad sigue contrariando
las leyes.
En junio de 1864, J. E. Torrent y Joaquín Granel
(diputados por Corrientes y Santa Fe, respectivamente)
presentan a la Legislatura de Buenos Aires un
proyecto para prohibir el castigo físico en
las Fuerzas Armadas, que por entonces era un
problema de considerable gravedad. La sensatez
nos inclina a pensar que el proyecto no debió
requerir debate. Sin embargo, un breve panorama
de la discusión nos baja, una vez más, a la
tierra. Granel aduce que la flagelación es una
práctica “sostenida por el fanatismo inspirado
por el terror... La pena de azotes se aplica
en nuestro ejército de una manera que constituye
una violación de esa disposición constitucional
que es el fundamento de nuestro sistema de gobierno:
la pena de azotes sólo se aplica a soldados
pero en ningún caso se hace extensiva a los
jefes u oficiales, aunque se hubiesen hecho
reos del mismo delito.” La Comisión de Guerra
enfrenta estas sensatas palabras. Próspero García
expone la tesis del Ejército: en materia militar,
están de más los sentimentalismos; y luego agrega
que los altos mandos piensan que si se suprimen
esos castigos, la disciplina no podrá mantenerse.
Propone, pues, aplazar el debate. Asimismo,
el coronel Conesa, luego de confesar abiertamente
que aplicaba castigos aún prohibiéndolo la Constitución,
agrega que: “ La abolición de esa pena va a
dar por resultado la disolución del Ejército.
Vamos a abolir la pena- dice- pero tengamos
presente que esta pena va a tener que ser reemplazada
por la última pena”: El mismo argumento sustentado
por Mitre cuatro años antes. Las clases gobernantes
se preparan así para la guerra con el Paraguay
(1865-1870) y no comprenden la disciplina si
no es impuesta por la violencia. Interesa sobremanera
la opinión de Vélez Sarsfield en este debate,
por entonces ocupado en la redacción del Código
Civil. Su argumento es desconcertante: “Uno
de los principios que consagra la Constitución-
afirma- es la libertad, y en el ejército no
la hay... Yo digo, pues, si la oposición a la
Constitución es lo que motiva que los señores
diputados quieran abolir la pena de azotes,
sean lógicos, abolan todo mal. El ejército-
continúa diciendo- es una flagrante contradicción
a las leyes del país; pero si se quiere que
exista, es preciso que exista también las penas
de azotes, con todas sus consecuencias.”
No obstante, en 1881, Carlos D’Amico, ministro
de Gobierno, al reorganizar la justicia bonaerense,
prohíbe el uso del cepo en cárceles y comisarías
al que considera “resabio de épocas atrasadas”;
pero las autoridades observan con recelo esas
medidas. Muchos cepos se exponen en museos.
Sin embargo en los obrajes misioneros, el mensú
es casi un esclavo, dominado a latigazos. En
1894, un periódico porteño denuncia el uso de
grilletes en los cuarteles. Y dos años después,
el 9 de septiembre de 1896, el diputado nacional
Francisco Borraetaveña, detenido por razones
políticas poco tiempo atrás, pide la interpelación
al ministro de guerra, ingeniero Guillermo Villanueva,
y denuncia la condición de los marineros y los
castigos que presenció durante su cautiverio.
Más tarde, cuando los movimientos sociales comienzan
a agitar la política nacional, esto es a partir
de 1902, las clases dirigentes aterradas reaccionan
con la violencia autoritaria de los amos; y
los mismos que en las décadas pasadas militaran
en la filosofía liberal se transforman desde
entonces en irritables conservadores, oponiéndose
a todo intento democratizador.
Ese mismo año se promulga la Ley de Residencia,
por la cual se faculta al estado para expulsar
a cualquier extranjero considerado peligroso
para la “seguridad nacional”. Así, por
facultad de la Ley Avellaneda de 1876, se abrían
las puertas a la inmigración y se la condenaba
a una existencia deplorable; y por el proyecto
de Miguel Cané se la podía echar al primer movimiento
de queja.
Como al pasar, recordemos la masacre de 1919
y los fusilamientos de la Patagonia de 1922,
ejemplos patéticos de la violenta política implementada
por el Estado hacia los sectores de menores
recursos.
En la segunda entrega de este trabajo se abordará
el período histórico que comienza con el golpe
de 1930, el cual derivará hacia la más cruel
de las dictaduras que nuestro país haya sufrido,
dictadura en la que se implementaron atroces
métodos de tortura y desaparición de personas,
y a la que perversamente se denominó PROCESO
DE REORGANIZACIÓN NACIONAL.
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EL GOLPE DEL ’30 Y LA SUBYUGACION
DEL FASCISMO.
A partir del golpe de estado de Uriburu,
la ilusión fascista gana adeptos en las
Fuerzas Armadas. El temor a los cambios
que, sin duda, un liberalismo honesto
hubiera vehiculizado, ciega a las clases
gobernantes y convence a sus organismos
armados de la necesidad de ir recrudeciendo
los métodos represivos.
Así, una ultraderecha castrense, gestada
en la rectitud prusiana, descubre en la
tortura un sistema apropiado para mantener
en el terror paralizante a los sectores
descontentos.
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Entre 1931 y 1932, Alvear y Alfredo Palacios
hacen pública la práctica del tormento. Se aplica
principalmente a obreros y a militantes sociales
progresistas. El teniente 1° Adolfo López relata
ante el Parlamento: ( refiriéndose a la sala
de torturas) “ Allí se me enseñó un aparato
que, según se me dijo, había servido para torcer
los testículos de los torturados; una prensa
que se utilizaba para apretar los dedos; un
cinturón de cuero con el que se hacía presión
en el cuerpo y al que llamaban camisa de fuerza,
etc... Confieso – continúa diciendo- que la
comprobación de lo que creí fuera un rumor sin
fundamento me indignó tan profundamente, que
sentí repugnancia”. Y luego la intimidación
a los disconformes: “ Yo expresé mi descontento
–prosigue López-, lo mismo que muchos otros
oficiales. Estas expresiones mías y de otros
camaradas llegaron a conocimiento del teniente
coronel Molina, quien por intermedio del teniente
coronel Rossi me manifestó su desagrado” No
se buscaba la muerte del torturado, sino doblegar
su voluntad para averiguar los nombres y paraderos
de los opositores más destacados al gobierno.
Se desconoce la fecha exacta en que, por iniciativa
del entonces, jefe de Orden Político Leopoldo
Lugones (h), se introduce la picana eléctrica
en nuestro país, cuyo principio funcional provenía
de un sencillo aparato usado en la campaña para
arrear ganado. Sin embargo, debe ubicarse entre
los años 1932 y 1935. su utilización, empero,
se combinaba con otros tormentos. Eran los más
frecuentes en esta época:
1-
La silla: Se ataba firmemente a la víctima
en una silla de hierro y se le propinaba,
así inmovilizado, puntapiés, cachiporrazos,
trompadas.
2-
El tacho: (otro ingenioso aporte de
Lugones (h) inspirado, sin duda, en “la garrucha”
ya mencionada, se elevaba con violencia al supliciado,
atado de pies y manos, y se lo dejaba caer en
un tacho repleto de inmundicias. Solía alternarse
con “la silla.”
3-Las
prensas: por las cuales se apretaban
las manos o el cuerpo entero del reo
4-
La tenaza sacalengua: Era de madera
y con ella se tiraba de la lengua o de los pezones
en las mujeres (senos y genitales de hombres
y mujeres, una obsesión permanente en los torturadores).
5-
El serrucho: Se serruchaba el cuerpo
desnudo con una soga de cáñamo.
6-El papel de
lija y el aguarrás: Se lijaba el pecho
del atormentado y luego se rociaba la herida
con alcohol o aguarrás.
Todo parece indicar
que a partir de 1930 se inicia una etapa en
la cual el militarismo y la intolerancia, siempre
en aumento, perpetuarán su dominio por la exaltación
de la muerte y de la degradación humana.
Entre 1943 y 1945, un segundo gobierno de facto
da un nuevo impulso a las fantasías de poder,
de origen totalitario, en los medios castrenses.
La prédica antijudía de las revistas nacionalistas,
revela al movimiento del 4 de junio como considerablemente
peligroso. Pero es a partir de 1946 que el control
de la población se incrementa en dos sentidos:
1- Se manipula
a la opinión pública desde los medios de difusión
masiva para llevarla por los cauces convenientes
al totalitarismo.
2- Se sistematiza
la violencia del Estado.
Por esos años, teóricos de derecha pronunciaban
conferencias irritantes en los ámbitos de las
FF.AA., al tiempo que comienzan a modificarse
los planes de estudio en los colegios militares,
por lo que se desplaza a los profesores liberales.
La tortura está a la orden del día.
En 1948, Cipriano Reyes y un grupo de seguidores
son sometidos a incalificables tormentos. Un
año después, las víctimas serán las obreras
y obreros telefónicos que se niegan a la unificación
prepotente del gremio.
En 1953 se denuncia, por boca del diputado Nudelman,
la aplicación de la picana. El testimonio de
Juan Ovidio Zavala, obtenido una vez derrocado
Perón, es clarificador: “La energía eléctrica
pasa por dentro de uno. Mil alfileres de fuego
se clavan en la cabeza, en el corazón, en el
estómago, en la boca, en todas partes. Producen
dolor, angustia, deseos de morir...Unos quieren
gritar. Pero no pueden permitirse ese alivio.
Los labios están cerrados con esparadrapos.
A eso se llama “poner la tapa” en la jerga de
los torturadores.” Y éstos pasan a tener nombre
y apellido, son reconocidos por las víctimas,
y aún por la población toda, como los expertos
verdugos del gobierno. Son ellos el comisario
Lombilla, quien iniciara su carrera con Leopoldo
Lugones (h), el ayudante Amoresano y los hermanos
Cardozo.
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LA LIBERTADORA
Es por todos conocida la campaña de denuncias
antiperonistas que se impulsó desde el
poder, no bien derrocado el líder justicialista.
Y en ella, prevalecieron las atrocidades
cometidas en materia de torturas.
Sin embargo, la administración
de Aramburu tampoco estuvo exenta de esta
práctica. Ya en 1956 se escuchan nuevamente
voces que procuran desbaratar los desbordes
policiales.
El escritor Ernesto Sábato formula
graves acusaciones, pero las entidades
a las que apela le hacen el vacío: lo
expulsan de ASCUA (Asociación Cultural
Argentina para la Defensa y Superación
de Mayo.) y le prohíben hablar ante la
Sociedad Argentina de escritores.
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A su vez, en agosto de aquel año el director
de Institutos Penales reintegra a sus funciones
a varios torturadores dados de baja. Y para
la misma época se secuestran en Buenos Aires
todas las copias del filme “Los torturadores”
de Dubois.
LA
TORTURA EN EL ESTADO DE DERECHO
En 1961 y durante el gobierno constitucional
de Arturo Frondizi, Palacios vuelve a denunciar
torturas. Esta vez aplicadas durante la ejecución
del nefasto Plan Conintes (Conmoción Interna);
y advierte “Hoy también se tortura en
el estado de derecho”, e insiste que
“El vejamen al detenido o al supuesto
delincuente es norma y no excepción”.
Durante años se atormentó por igual a
presos políticos y comunes. Muchos casos llegaron
a tener repercusión y fueron un problema para
la justicia que comprobaba en cada uno de ellos
el lamentable hecho de que se obligaba, por
éste método, a confesar un supuesto crimen a
personas inocentes. En marzo de 1967, doce policías
de la Comisaría 3° de Avellaneda arrestan a
un hombre, al que consideran “El Sátiro”, acusado
de violar a varias mujeres. De inmediato son
felicitados públicamente. Sin embargo, la Justicia
declara al hombre inocente, manteniendo las
felicitaciones. Horas después del fallo, la
policía hace entrega de otro acusado del mismo
crimen.
Un año antes, policías de la Unidad regional
de San Martín, declararon haber esclarecido
el asesinato del industrial Minuzzi. El acusado
confesó bajo torturas haberle dado muerte con
un revólver calibre 38, pero al empresario lo
habían asesinado con uno calibre 32.
En febrero de 1967, otro hombre confiesa
la violación y posterior estrangulamiento de
un niño de cinco años. Tiempo después, la justicia
lo encuentra ajeno al delito. Los ejemplos llegan
al infinito.
Por estos años, los jueces no consiguen
frenar la violencia policial. Por lo general
dan la libertad a los delincuentes, de inmediato,
y remiten la investigación de la tortura a otro
magistrado.
El surgimiento del accionar guerrillero
dará, sin embargo, la excusa para desatar la
más inhumana violencia contra la población,
tanto por el uso de métodos legales como ilegales.
Adquieren importancia así organizaciones parapoliciales
y paramilitares, tan sanguinarias como los entes
de represión estatal, y tan toleradas como éstas.
Entre 1966 y 1970, el presidente Onganía
ataca a las organizaciones armadas que se le
oponen con métodos tan impíos como los de la
guerrilla. En esos años, pasan por las cárceles
más de 16.000 presos políticos, de los cuales
la gran mayoría fue torturada sin control. En
septiembre de 1968, los guerrilleros peronistas
capturados en Taco ralo (provincia de Tucumán)
fueron sometidos a largas sesiones de picana
y golpes. Y luego de capturado el guerrillero
Caride, en abril de 1969, la policía federal
venga la muerte de uno de sus hombres (el principal
Matos) permitiendo que decenas de agentes maltrataran
ferozmente a Caride y lo sometieran a cuatro
horas de picana.
En 1970, la policía se hallaba irritada
ante la falta de información sobre la guerrilla.
Por casualidad capturan a dos miembros de la
FAL (Fuerzas Armadas de Liberación), son Alejandro
Baldú y Carlos Della Nave. El primero muere
casi enseguida en la sala de tortura; mientras
que el estado del segundo era un misterio. Para
denunciar públicamente el trato, las FAL secuestran
al diplomático paraguayo Waldemar Sánchez y
obligan así a Onganía a exhibir por televisión
el penoso estado de Della Nave.
En enero de 1971, un juez de Córdoba,
el Dr. Cornejo Yofré, hace revisar a cuatro
miembros de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias),
que habían intentado asaltar un banco. El médico
comprueba “trato inhumano y brutal después de
ocho horas de torturas inconcebibles”; a raíz
de este informe se procesó a los responsables.
La satánica maquinaria de la barbarie
ya funcionaba, por entonces, a velocidad creciente.
Dos ejércitos se enfrentaban al margen de la
voluntad popular. El terror, la venganza y la
inquina, dueñas ahora de la situación, desplazan
hasta el último vestigio de cordura y, más tarde,
ya destituido el gobierno de Isabel Perón, el
Estado y sus aparatos de represión pasan a poder
de las Fuerzas Armadas que lo utilizarán y
lo desarrollarán, no sólo contra las organizaciones
guerrilleras clandestinas, sino contra toda
forma de protesta popular. Contra todo dirigente
gremial honesto, contra delegados estudiantiles
de cualquier edad, sus familiares y amigos.
Esto es, contra las fuerzas mismas del sistema
democrático.
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EL PROCESO
DE REORGANIZACIÓN NACIONAL
El análisis de la tortura aplicada durante
el Proceso nos retrotrae, de manera sorprendente,
a los más lúgubres cánones del medioevo.
En efecto, al igual que en los siglos
centrales de aquella edad, el acusado
es considerado desde el vamos semiculpable
y a él cabe, entonces, aplicar una semipena
antes de matarlo. Pero con
la diferencia que, mientras en el mencionado
período feudal, la tortura estaba reglamentada
con minuciosidad, durante el gobierno
militar pasado se toleró y aún se fomentó
cualquier expresión de la violencia más
descontrolada.
La tortura quedó en manos
de psicópatas sin remedio, que castigaban
por placer y sin medida; incluso asistidos
por voluntariosos profesionales civiles,
el ex cabo Vilariño refiere el caso de
un médico, al que llamaban “ don Alberto”
y en otras ocasiones “Mengele”, que casi
nunca terminaba de comer en su impaciencia
por seguir torturando.
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Se
desata, pues, un castigo impulsado, no como
método sistemático de investigación, sino como
excusa para la satisfacción de la más perversa
destructividad. La tortura implementada; rociar
con bencina cabellos y genitales para luego
prenderles fuego, colgar a los opositores de
argollas, golpearles la cara contra la pared,
introducirles palos en el ano hasta perforarles
los intestinos. Y después las vejaciones, las
castraciones, las violaciones a hombres y mujeres.
El relato de la señora Ontiveros ante la CONADEP
de Mendoza denuncia que “las mujeres debían
colocarse en la parte superior de la torre humana”,
así ubicadas las “ obligaban a
representar el grotesco rol de reinas de la
vendimia y que saludaran como si estuvieran
en el carrusel”, luego” nos llevaban
a las duchas, nos desnudaban y violaban repetidamente.
Por ello perdí una criatura y la atención que
recibí fue un raspaje en carne viva”
(“Clarín”, 20-8-84, página 8). Pero también
las condiciones de las cárceles, el aislamiento,
la falta de lectura ( a excepción de la Biblia),
el silencio, la soledad que puebla la mente
de fantasmas, de ilusiones que pronto se derrumban,
de sonidos que a más imperceptibles más significativos;
lo que haría afirmar a Víctor Melchor Basterra:
“...siempre existía en nosotros- cuando
venían a buscar a algún compañero o pasaban
esas botas chirriantes sobre nuestras cabezas-
la sensación de la muerte...” La falta
de higiene, el olor a transpiración y excrementos,
la dieta insuficiente: “... a la mañana
un jarro de mate cocido con un pedazo de pan
y al mediodía un sándwich que llamaban “ el
bife naval”, una cosa espantosa, tanto que estuve
un mes sin probarlo porque se me había ocurrido
que lo que nos daban de comer era carne humana...”
(Reportaje a Basterra, “Nueva Presencia”
N° 378).
Todo lo cual nos habla, casi huelga subrayarlo,
de una maquinaria represiva demencial que, más
que indagar, averiguar paraderos o nombres de
presuntos “subversivos”, era el signo de un
terror interior y una degradación moral. Una
desestructuración de la personalidad tan feroz
como inquietante. La aspiración última del represor
era el exterminio final de la víctima; y en
ese derrotarlo lentamente, descuartizándolo
día a día ( primero una mano, luego una pierna,
la nariz, un brazo) tranquilizaba su angustia
y crecía en él la ilusión de haber recuperado
su poder perdido.
Pero¿ cuándo dio comienzo esta locura?
¿ En qué fecha precisa podemos ubicar el punto
de partida de este delirio psicopático- paranoico?
Tal vez un indicio de la enfermedad lo hallemos
en la Conferencia que dicta Juan Carlos Onganía
en West Point, en la que afirma que las Fuerzas
Armadas argentinas están llamadas a custodiar
los supuestos valores de la civilización occidental
y cristiana. Y que en nombre de los ideales
republicanos debe considerarse lícito interrumpir
cualquier proceso democrático.
Este acontecimiento, ocurrido en 1964,
pone de manifiesto que los organismos armados
ya intuían la proximidad de una era de luchas
populares. Los amenazaba, perceptiblemente,
la cercanía de una etapa en la cual se intentaría
impulsar cambios que el poder todo viviría como
apocalípticos. Se iba gestando así, en la oscuridad,
un objeto paranoico (la subversión), al que
se experimentaba como algo difuso, ambiguo,
que podía hallarse en cualquier parte, en cualquier
persona; que se multiplicaba, se extendía, reptaba.
En declaraciones hechas en el exterior a mediados
del 1984, Ramón Camps se lamentaba “...
sabemos que el drama de la argentina es la ambigüedad”.
Por muchos siglos, la comunidad cristiana encarnó
a ese objeto delirante en la figura del demonio;
incluso la fantasía desbordada creó ejércitos
de bestias, siempre ubicuas, siempre astutas,
fatales: morando debajo de la lengua unas (
por la cual el poseído profería blasfemias);
adentro del cerebro, exhibiendo dos penes, otras.
El remedio: la hoguera.
La “subversión” también adoptó la forma de un
demonio. Por boca de militares y altos oficiales
policiales se hablaba del “ demonio de la subversión”.
Un gobernador de Córdoba durante la presidencia
de Roberto M. Levingston la comparó con una
víbora, símbolo del Mal.
De modo que la atmósfera de profundas modificaciones
que iban invadiendo amplios sectores de la población,
fue vivida por las clases gobernantes como una
hecatombe.
Y el objeto paranoico se confirma a partir del
Cordobazo de mayo de 1969. El pueblo se subleva:
los obreros, la clase media, los soldados, los
estudiantes; pero también los hijos, las esposas,
los sacerdotes, los homosexuales. Las bases
del sistema desconocen a la autoridad. En 1971,
los alumnos de la cátedra del profesor Amuchástegui
se rebelan contra el autoritarismo del que hacía
gala su titular y exigen cursos paralelos. En
el seno de cada familia, los hijos adoptan la
moda de enfrentar la voluntad de sus padres,
de irse a vivir solos y seguir carreras humanistas,
en contra de la opinión paterna que les sugiere
profesiones más rentables. Se habla de control
obrero de la producción. Los villeros, hasta
entonces ubicados en una categoría infrahumana,
se organizan. El feminismo y las ideas de libertad
sexual enfrentan las burlas y el asombro. Sacerdotes
y obispos contraen matrimonio, se habla de eliminar
oficialmente el celibato; los curas párrocos
leen a Marx y, en algunos casos, toman las armas.
Ha llegado la hecatombe, Satanás se ha instalado
en la Tierra. El deterioro ético que corrompe,
a partir de este momento, a los aparatos represivos,
a muchos individuos que se integran a ellos
y, en particular, a las fuerzas Armadas que
se apoderan del estado en 1976, no es más que
el emergente de aquella incertidumbre y ese
terror de los sectores afectados por los cambios.
En los primeros meses de la reimplantación de
la democracia,, los argentinos asistimos al
descubrimiento de todas las atrocidades llevadas
a cabo por la represión. Hemos escuchado a unos
y otros, lo que nos pone en condiciones de extraer
algunas conclusiones. Rotas las mordazas, tanto
de la extrema derecha como de las víctimas del
terrorismo de Estado, los diarios testimonian
los residuos de una morbilidad alarmante.
Quizás los ejemplos más dramáticos del mal ético
y mental del aparato militar lo constituyan
dos de los generales más comprometidos en los
excesos de la guerra sucia: Ramón Camps y Juan
Bautista Sasiaiñ. El primero nos cuenta, luego
de admitir ser responsable de 5.000 desapariciones
y haber aplicado la tortura como método, que
su conciencia está “muy tranquila”. Afirma que
el mundo vive “en la tercera guerra mundial”
y admite coincidir en algunos puntos con Adolfo
Hitler. En la justificación de las desapariciones
de niños, el método de entregarlos a otros padres,
hallamos un primer remedio a la crisis de la
familia detectada por las Fuerzas Armadas. La
excesiva democratización del sistema familiar
no inspiraba confianza: “... era necesario-
dice- impedir que esos niños fueran criados
en las ideas de subversión de sus padres. Las
llamadas madres de desaparecidos son todas subversivas.
Lo son todos los que no se preocupan de hacer
de sus hijos buenos argentinos” (“Clarín”,
20-1-84, página 2).
Otro ejemplo de personalidad perturbada
lo encontramos en Sasiaiñ, luego acusado de
homicidio. En sus expresiones recogidas por
la prensa en su última alocución como jefe de
Policía, confirma la perturbadora presencia
de la subversión como ente que, desde las sombras,
lleva adelante una conspiración: “resulta
evidente que hoy- señaló el ex funcionario en
aquella ocasión- a nuestras naturales vicisitudes
internas se suma el complejo efecto logrado
por la coincidencia de la ofensiva permanente
de la subversión internacional, con la lucha
económico- financiera en dimensión planetaria”
(“Clarín”. 9-10-83).
Pero en estos hombres destruidos debemos
reconocer el mérito de la sinceridad, y al sistema
democrático que les brinda un espacio para sus
discursos, la ventaja de detectarlos, de señalarlos,
de permitirnos conocer sus nombres.
Con todo, el perfil psicopatológico de
manifiesto en todos estos militares, de ninguna
manera debe hacernos olvidar la responsabilidad
ética de los crímenes consumados, y que sólo
reparará en la cárcel. En ellos hubo conciencia
de exterminio, premeditación en el planeamiento
a veces inteligente, intencionalidad en la organización
de la destructividad. Hubo, en suma, perversidad.
La locura, y en especial cuando la asume
colectivamente una institución armada al margen
de la ley, no debe ser excusa para la eximición
del delito, en particular por el grado de peligrosidad
que implica. Tampoco es lícito excusarlos mediante
el aberrante argumento de la “ obediencia debida”,
sobre la cual se asienta ciegamente el accionar
militar. Así, la ética del soldado por la cual
estaría en condiciones de juzgar la validez
de una tarea, queda supeditada a la orden de
un superior. El raciocinio de las bases de todas
estas instituciones autoritarias molesta a las
cúpulas. Su eficiencia se asienta en el desarrollo
del automatismo y, a lo sumo, en el perfeccionamiento
técnico de sus miembros; pero aterra la humanización
de aquellos que sólo deben limitarse a ejecutar
maquinalmente lo que fue decidido a sus espaldas,
en reuniones secretas, por individuos que en
general jamás han visto y que moran en un castillo
kafkiano, inalcanzable.
Ciertos valores éticos, aquellos capaces
de contener la agresividad insaciable del hombre
y de tornar posible la convivencia humana, fueron
siempre una molestia rápidamente combatida en
las Fuerzas Armadas, prontamente tildada de
insubordinación e inevitablemente castigada.
El soldado, y esto ya desde el inicio mismo
de la organización castrense en nuestro país,
fue irremediablemente acostumbrado al servilismo
irracional, en la construcción de una entidad
armada que hasta el 10 de diciembre de 1983,
y desde el golpe de Uriburu, se abrió paso entre
las instituciones civiles del mismo modo como
pretendiera Luciano Benjamín Menéndez ante una
multitud indignada, esto es, “a sablazos”.
Y fue también a sablazos que sumieron a la República
en el terror y en el dolor; porque a sablazos
borraron a toda una generación de jóvenes por
la cual la Argentina, indudablemente, como lo
han hecho todas las naciones sensatas, habría
logrado superar su pasado.
Por
Marcelo Manuel Benítez.
Agradecemos
la colaboración del artista plástico
León Ferrari por el aporte de sus obras
para la gráfica de esta nota.
FUENTES
CONSULTADAS
-
“Todo es historia” N° 192 ( Ricardo Rodríguez
Molas, Tortura, suplicios y otras violencias)
Mayo 1983.
-
“Vigilar y castigar” de Michael Foulcault (
Ed. Siglo XXI, 1981).
-
“Historia económica y social argentina” de Fernando
L. Sabsay. Bibliográfica Omega, 1967, Tomo I.
-
“Cuadernos de Marcha” N° 44, 1970.
-
“Nueva Presencia” ( ediciones varias)
-
Diario “Clarín” ( ediciones varias)
-
Revista “Siete Días” N° 848; semana del 14-9-83
al 20-9-83.
Por
Marcelo Manuel Benítez
