Año III - número 11 - Diciembre 2003 - Buenos Aires Argentina
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Editorial

La ciudad de las filtraciones
Por Conrado Yasenza

Entrevistas

Doris Halpin - Perfiles de Ricardo Carpani
Por Marcelo Luna

El Damero

Seminario: "Neoliberalismo y cultura, perplejidades del nuev siglo"
Breve historia de la tortura en la Argentina - II Parte
Por Marcelo Benítez
El cuerpo de sílice.
Por Alfredo Grande
Cooperativismo: Asociación libre y auténtica.
Por Rubén Fernández Lisso
Capitalismo y desocupación: "Los lunes al sol"
Por Marcelo Benítez

Ajo y Limones

Héctor Yánover.
Por Amalia Inés Gieschen Zarrabeitia.
Poemas
Por Héctor Yánover
Leonardo Martínez Poeta Catamarqueño
El Tango: escrito en el cuerpo.
Lic. Mirta Vazquez
Burguesía y gangsterismo en el deporte. El atrofiado hipertrofiado.
de Dante Panzeri
Nuestra América.
de José Martí

Dossier

Joseph Goebbels
Genio del mal II
Por Marcelo Rebón

El ojo plástico

Carpani

Batea

Libros: "Estúpidos Hombres Blancos" Autor: Michel Moore Por Rubén Fernández Lisso
Libros: "La mestiza de Pizarro" Autor Alberto Vargas Llosa Por Carola Chaparro

Galerías


María Cristina Fresca:

María Cristina Fresca


Jorge Manuel Varela:

Jorge Manuel Varela


Marcelo Manuel Benítez:

Galería Marcelo Manuel Benítez


Kenti

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       El Damero

Breve Historia de la tortura en la Argentina

Segunda Parte

Por Marcelo Manuel Benítez

EL PERIODO LIBERAL

     Caído Rosas en 1852, los convencionalistas de 1853 aceptan de buen grado el artículo 18 de la Constitución sancionada que responde, ahora sí, a una genuina inspiración beccariana. Prohíbe definitivamente la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes.
     Sin embargo, el artículo es cuestionado, curiosamente, al discutirse la Carta Magna en Buenos Aires, en 1860.

En esa ocasión se rechaza del texto la frase “ejecución a lanza y cuchillo”, supuestamente por razones de buen gusto. Mármol defiende el texto, pero le contesta Rufino de Elizalde sosteniendo que la anulación de los castigos corporales no debe figurar en los códigos ni de la justicia criminal ni de la militar, y defiende los azotes aplicados a soldados aduciendo que son aceptados en Inglaterra. La opinión de Elizalde es compartida por Bartolomé Mitre, fundador del prestigioso diario “ La Nación”, quien en esa ocasión sostuvo: “El que levanta la voz al sargento, como el que levanta la espada al coronel, comete un acto de insurrección y merece una pena grave; y si los azotes están abolidos, es preciso matar al hombre por una pequeña causa cualquiera... Ha llegado el día en que ha habido 43 casos de muerte, porque no ha habido otro modo de castigar las faltas graves. Digo, pues, que la penalidad de azotes es más humana, considerada filosóficamente”.

     Con todo, el castigo corporal queda, en teoría, abolido una vez más en Argentina. En teoría, naturalmente, porque la realidad sigue contrariando las leyes.

     En junio de 1864, J. E. Torrent y Joaquín Granel (diputados por Corrientes y Santa Fe, respectivamente) presentan a la Legislatura de Buenos Aires un proyecto para prohibir el castigo físico en las Fuerzas Armadas, que por entonces era un problema de considerable gravedad. La sensatez nos inclina a pensar que el proyecto no debió requerir debate. Sin embargo, un breve panorama de la discusión nos baja, una vez más, a la tierra. Granel aduce que la flagelación es una práctica “sostenida por el fanatismo inspirado por el terror... La pena de azotes se aplica en nuestro ejército de una manera que constituye una violación de esa disposición constitucional que es el fundamento de nuestro sistema de gobierno: la pena de azotes sólo se aplica a soldados pero en ningún caso se hace extensiva a los jefes u oficiales, aunque se hubiesen hecho reos del mismo delito.” La Comisión de Guerra enfrenta estas sensatas palabras. Próspero García expone la tesis del Ejército: en materia militar, están de más los sentimentalismos; y luego agrega que los altos mandos piensan que si se suprimen esos castigos, la disciplina no podrá mantenerse. Propone, pues, aplazar el debate. Asimismo, el coronel Conesa, luego de confesar abiertamente que aplicaba castigos aún prohibiéndolo la Constitución, agrega que: “ La abolición de esa pena va a dar por resultado la disolución del Ejército. Vamos a abolir la pena- dice-  pero tengamos presente que esta pena va a tener que ser reemplazada por la última pena”: El mismo argumento sustentado por Mitre cuatro años antes. Las clases gobernantes se preparan así para la guerra con el Paraguay (1865-1870) y no comprenden la disciplina si no es impuesta por la violencia. Interesa sobremanera la opinión de Vélez Sarsfield en este debate, por entonces ocupado en la redacción del Código Civil. Su argumento es desconcertante: “Uno de los principios que consagra la Constitución- afirma- es la libertad, y en el ejército no la hay... Yo digo, pues, si la oposición a la Constitución es lo que motiva que los señores diputados quieran abolir la pena de azotes, sean lógicos, abolan todo mal. El ejército- continúa diciendo- es una flagrante contradicción a las leyes del país; pero si se quiere que exista, es preciso que exista también las penas de azotes, con todas sus consecuencias.”

     No obstante, en 1881, Carlos D’Amico, ministro de Gobierno, al reorganizar la justicia bonaerense, prohíbe el uso del cepo en cárceles y comisarías al que considera “resabio de épocas atrasadas”; pero las autoridades observan con recelo esas medidas. Muchos cepos se exponen en museos. Sin embargo en los obrajes misioneros, el mensú es casi un esclavo, dominado a latigazos. En 1894, un periódico porteño denuncia el uso de grilletes en los cuarteles. Y dos años después, el 9 de septiembre de 1896, el diputado nacional Francisco Borraetaveña, detenido por razones políticas poco tiempo atrás, pide la interpelación al ministro de guerra, ingeniero Guillermo Villanueva, y denuncia la condición de los marineros y los castigos que presenció durante su cautiverio.

     Más tarde, cuando los movimientos sociales comienzan a agitar la política nacional, esto es a partir de 1902, las clases dirigentes aterradas reaccionan con la violencia autoritaria de los amos; y los mismos que en las décadas pasadas militaran en la filosofía liberal se transforman desde entonces en irritables conservadores, oponiéndose a todo intento democratizador.

     Ese mismo año se promulga la Ley de Residencia, por la cual se faculta al estado para expulsar a cualquier extranjero considerado peligroso para la “seguridad nacional”. Así, por facultad de la Ley Avellaneda de 1876, se abrían las puertas a la inmigración y se la condenaba a una existencia deplorable; y por el proyecto de Miguel Cané se la podía echar al primer movimiento de queja.

     Como al pasar, recordemos la masacre de 1919 y los fusilamientos de la Patagonia de 1922, ejemplos patéticos de la violenta política implementada por el Estado hacia los sectores de menores recursos.

     En la segunda entrega de este trabajo se abordará el período histórico que comienza con el golpe de 1930, el cual derivará hacia la más cruel de las dictaduras que nuestro país haya sufrido, dictadura en la que se implementaron atroces métodos de tortura y desaparición de personas, y a la que perversamente se denominó PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL.

EL GOLPE DEL ’30 Y LA SUBYUGACION DEL FASCISMO.

A partir del golpe de estado de Uriburu, la ilusión fascista gana adeptos en las Fuerzas Armadas. El temor a los cambios que, sin duda, un liberalismo honesto hubiera vehiculizado, ciega a las clases gobernantes y convence a sus organismos armados de la necesidad de ir recrudeciendo los métodos represivos.
Así, una ultraderecha castrense, gestada en la rectitud prusiana, descubre en la tortura un sistema apropiado para mantener en el terror paralizante a los sectores descontentos.

      Entre 1931 y 1932, Alvear y Alfredo Palacios hacen pública la práctica del tormento. Se aplica principalmente a obreros y a militantes sociales progresistas. El teniente 1° Adolfo López relata ante el Parlamento: ( refiriéndose  a la sala de torturas) “ Allí se me enseñó un aparato que, según se me dijo, había servido para torcer los testículos de los torturados; una prensa que se utilizaba para apretar los dedos; un cinturón de cuero con el que se hacía presión en el cuerpo y al que llamaban camisa de fuerza, etc... Confieso – continúa diciendo- que la comprobación de lo que creí fuera un rumor sin fundamento me indignó tan profundamente, que sentí repugnancia”. Y luego la intimidación a los disconformes: “ Yo expresé mi descontento –prosigue López-, lo mismo que muchos otros oficiales. Estas expresiones mías y de otros camaradas llegaron a conocimiento del teniente coronel Molina, quien por intermedio del teniente coronel Rossi me manifestó su desagrado” No se buscaba la muerte del torturado, sino doblegar su voluntad para averiguar los nombres y paraderos de los opositores más destacados al gobierno.

     Se desconoce la fecha exacta en que, por iniciativa del entonces, jefe de Orden Político Leopoldo Lugones (h), se introduce la picana eléctrica en nuestro país, cuyo principio funcional provenía de un sencillo aparato usado en la campaña para arrear ganado. Sin embargo, debe ubicarse entre los años 1932 y 1935. su utilización, empero, se combinaba con otros tormentos. Eran los más frecuentes en esta época:

1- La silla: Se ataba firmemente a la víctima en una silla de hierro y se le propinaba, así inmovilizado, puntapiés, cachiporrazos, trompadas.

2- El tacho: (otro ingenioso aporte de Lugones (h)   inspirado, sin duda, en “la garrucha” ya mencionada, se elevaba con violencia al supliciado, atado de pies y manos, y se lo dejaba caer en un tacho repleto de inmundicias. Solía alternarse con “la silla.”

3-Las prensas: por las cuales se apretaban las manos o el cuerpo entero del reo

4- La tenaza sacalengua: Era de madera y con ella se tiraba de la lengua o de los pezones en las mujeres (senos y genitales de hombres y mujeres, una obsesión permanente en los torturadores).

5- El serrucho: Se serruchaba el cuerpo desnudo con una soga de cáñamo.

6-El papel de lija y el aguarrás: Se lijaba el pecho del atormentado y luego se rociaba la herida con alcohol o aguarrás.

     Todo parece indicar que a partir de 1930 se inicia una etapa en la cual el militarismo y la intolerancia, siempre en aumento, perpetuarán su dominio por la exaltación de la muerte y de la degradación humana.

     Entre 1943 y 1945, un segundo gobierno de facto da un nuevo impulso a las fantasías de poder, de origen totalitario, en los medios castrenses. La prédica antijudía de las revistas nacionalistas, revela al movimiento del 4 de junio como considerablemente peligroso. Pero es a partir de 1946 que el control de la población se incrementa en dos sentidos:

1-     Se manipula a la opinión pública desde los medios de difusión masiva para llevarla por los cauces convenientes al totalitarismo.

2-     Se sistematiza la violencia del Estado.

     Por esos años, teóricos de derecha pronunciaban conferencias irritantes en los ámbitos de las FF.AA., al tiempo que comienzan a modificarse los planes de estudio en los colegios militares, por lo que se desplaza a los profesores liberales. La tortura está a la orden del día.

     En 1948, Cipriano Reyes y un grupo de seguidores son sometidos a incalificables tormentos. Un año después, las víctimas serán las obreras y obreros telefónicos que se niegan a la unificación prepotente del gremio.

     En 1953 se denuncia, por boca del diputado Nudelman, la aplicación de la picana. El testimonio de Juan Ovidio Zavala, obtenido una vez derrocado Perón, es clarificador: “La energía eléctrica pasa por dentro de uno. Mil alfileres de fuego se clavan en la cabeza, en el corazón, en el estómago, en la boca, en todas partes. Producen dolor, angustia, deseos de morir...Unos quieren gritar. Pero no pueden permitirse ese alivio. Los labios están cerrados con esparadrapos. A eso se llama “poner la tapa” en la jerga de los torturadores.” Y éstos pasan a tener nombre y apellido, son reconocidos por las víctimas, y aún por la población toda, como los expertos verdugos del gobierno. Son ellos el comisario Lombilla, quien iniciara su carrera con Leopoldo Lugones (h), el ayudante Amoresano y los hermanos Cardozo.

LA LIBERTADORA

Es por todos conocida la campaña de denuncias antiperonistas que se impulsó desde el poder, no bien derrocado el líder justicialista. Y en ella, prevalecieron las atrocidades cometidas en materia de torturas. Sin embargo, la administración de Aramburu tampoco estuvo exenta de esta práctica. Ya en 1956 se escuchan nuevamente voces que procuran desbaratar los desbordes policiales.
     El escritor Ernesto Sábato formula graves acusaciones, pero las entidades a las que apela le hacen el vacío: lo expulsan de ASCUA (Asociación Cultural Argentina para la Defensa y Superación de Mayo.) y le prohíben hablar ante la Sociedad Argentina de escritores.

A su vez, en agosto de aquel año el director de Institutos Penales reintegra a sus funciones a varios torturadores dados de baja. Y para la misma época se secuestran en Buenos Aires todas las copias del filme “Los torturadores” de Dubois.

LA TORTURA EN EL ESTADO DE DERECHO

     En 1961 y durante el gobierno constitucional de Arturo Frondizi, Palacios vuelve a denunciar torturas. Esta vez aplicadas durante la ejecución del nefasto Plan Conintes (Conmoción Interna); y advierte “Hoy también se tortura en el estado de derecho”, e insiste que “El vejamen al detenido o al supuesto delincuente es norma y no excepción”.

     Durante años se atormentó por igual a presos políticos y comunes. Muchos casos llegaron a tener repercusión y fueron un problema para la justicia que comprobaba en cada uno de ellos el lamentable hecho de que se obligaba, por éste método, a confesar un supuesto crimen a personas inocentes. En marzo de 1967, doce policías de la Comisaría 3° de Avellaneda arrestan a un hombre, al que consideran “El Sátiro”, acusado de violar a varias mujeres. De inmediato son felicitados públicamente. Sin embargo, la Justicia declara al hombre inocente, manteniendo las felicitaciones. Horas después del fallo, la policía hace entrega de otro acusado del mismo crimen.

     Un año antes, policías de la Unidad regional de San Martín, declararon haber esclarecido el asesinato del industrial Minuzzi. El acusado confesó bajo torturas haberle dado muerte con un revólver calibre 38, pero al empresario lo habían asesinado con uno calibre 32.

     En febrero de 1967, otro hombre confiesa la violación y posterior estrangulamiento de un niño de cinco años. Tiempo después, la justicia lo encuentra ajeno al delito. Los ejemplos llegan al infinito.

     Por estos años, los jueces no consiguen frenar la violencia policial. Por lo general dan la libertad a los delincuentes, de inmediato, y remiten la investigación de la tortura a otro magistrado.

     El surgimiento del accionar guerrillero dará, sin embargo, la excusa para desatar la más inhumana violencia contra la población, tanto por el uso de métodos legales como ilegales. Adquieren importancia así organizaciones parapoliciales y paramilitares, tan sanguinarias como los entes de represión estatal, y tan toleradas como éstas.

     Entre 1966 y 1970, el presidente Onganía ataca a las organizaciones armadas que se le oponen con métodos tan impíos como los de la guerrilla. En esos años, pasan por las cárceles más de 16.000 presos políticos, de los cuales la gran mayoría fue torturada sin control. En septiembre de 1968, los guerrilleros peronistas capturados en Taco ralo (provincia de Tucumán) fueron sometidos a largas sesiones de picana y golpes. Y luego de capturado el guerrillero Caride, en abril de 1969, la policía federal venga la muerte de uno de sus hombres (el principal Matos) permitiendo que decenas de agentes maltrataran ferozmente a Caride y lo sometieran a cuatro horas de picana.

     En 1970, la policía se hallaba irritada ante la falta de información sobre la guerrilla. Por casualidad capturan a dos miembros de la FAL (Fuerzas Armadas de Liberación), son Alejandro Baldú y Carlos Della Nave. El primero muere casi enseguida en la sala de tortura; mientras que el estado del segundo era un misterio. Para denunciar públicamente el trato, las FAL secuestran al diplomático paraguayo Waldemar Sánchez y obligan así a Onganía a exhibir por televisión el penoso estado de Della Nave.

     En enero de 1971, un juez de Córdoba, el Dr. Cornejo Yofré, hace revisar a cuatro miembros de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), que habían intentado asaltar un banco. El médico comprueba “trato inhumano y brutal después de ocho horas de torturas inconcebibles”; a raíz de este informe se procesó a los responsables.

     La satánica maquinaria de la barbarie ya funcionaba, por entonces, a velocidad creciente. Dos ejércitos se enfrentaban al margen de la voluntad popular. El terror, la venganza y la inquina, dueñas ahora de la situación, desplazan hasta el último vestigio de cordura y, más tarde, ya destituido el gobierno de Isabel Perón, el Estado y sus aparatos de represión pasan a poder de las Fuerzas Armadas  que lo utilizarán y lo desarrollarán, no sólo contra las organizaciones guerrilleras clandestinas, sino contra toda forma de protesta popular. Contra todo dirigente gremial honesto, contra delegados estudiantiles de cualquier edad, sus familiares y amigos. Esto es, contra las fuerzas mismas del sistema democrático.

EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL

El análisis de la tortura aplicada durante el Proceso nos retrotrae, de manera sorprendente, a los más lúgubres cánones del medioevo. En efecto, al igual que en los siglos centrales de aquella edad, el acusado es considerado desde el vamos semiculpable y a él  cabe, entonces, aplicar una semipena antes de matarlo. Pero con la diferencia que, mientras en el mencionado período feudal, la tortura estaba reglamentada con minuciosidad, durante el gobierno militar pasado se toleró y aún se fomentó cualquier expresión de la violencia más descontrolada.
    
La tortura quedó en manos de psicópatas sin remedio, que castigaban por placer y sin medida; incluso asistidos por voluntariosos profesionales civiles,  el ex cabo Vilariño  refiere el caso de un médico, al que llamaban “ don Alberto” y en otras ocasiones “Mengele”, que casi nunca terminaba de comer en su impaciencia por seguir torturando.

Se desata, pues, un castigo impulsado, no como método sistemático de investigación, sino como excusa para la satisfacción de la más perversa destructividad. La tortura implementada; rociar con bencina cabellos y genitales para luego prenderles fuego, colgar a los opositores de argollas, golpearles la cara contra la pared, introducirles palos en el ano hasta perforarles los intestinos. Y después las vejaciones, las castraciones, las violaciones a hombres y mujeres. El relato de la señora Ontiveros ante la CONADEP de Mendoza denuncia que “las mujeres debían colocarse en la parte superior de la torre humana”, así ubicadas las “ obligaban a representar el grotesco rol de reinas de la vendimia y que saludaran como si estuvieran en el carrusel”, luego” nos llevaban a las duchas, nos desnudaban y violaban repetidamente. Por ello perdí una criatura y la atención que recibí fue un raspaje en carne viva” (“Clarín”, 20-8-84, página 8). Pero también las condiciones de las cárceles, el aislamiento, la falta de lectura ( a excepción de la Biblia), el silencio, la soledad que puebla la mente de fantasmas, de ilusiones que pronto se derrumban, de sonidos que a más imperceptibles más significativos; lo que haría afirmar a Víctor Melchor Basterra: “...siempre existía en nosotros- cuando venían a buscar a algún compañero o pasaban esas botas chirriantes sobre nuestras cabezas- la sensación de la muerte...” La falta de higiene, el olor a transpiración y excrementos, la dieta insuficiente: “... a la mañana un jarro de mate cocido con un pedazo de pan y al mediodía un sándwich que llamaban “ el bife naval”, una cosa espantosa, tanto que estuve un mes sin probarlo porque se me había ocurrido que lo que nos daban de comer era carne humana...” (Reportaje a Basterra, “Nueva Presencia” N° 378).

     Todo lo cual nos habla, casi huelga subrayarlo, de una maquinaria represiva demencial que, más que indagar, averiguar paraderos o nombres de presuntos “subversivos”, era el signo de un terror interior y una degradación moral. Una desestructuración de la personalidad tan feroz como inquietante. La aspiración última del represor era el exterminio final de la víctima; y en ese derrotarlo lentamente, descuartizándolo día a día ( primero una mano, luego una pierna, la nariz, un brazo) tranquilizaba su angustia y crecía en él la ilusión de haber recuperado su poder perdido.

     Pero¿ cuándo dio comienzo esta locura? ¿ En qué fecha precisa podemos ubicar el punto de partida de este delirio psicopático- paranoico? Tal vez un indicio de la enfermedad lo hallemos en la Conferencia que dicta Juan Carlos Onganía en West Point, en la que afirma que las Fuerzas Armadas argentinas están llamadas a custodiar los supuestos valores de la civilización occidental y cristiana. Y que en nombre de los ideales republicanos debe considerarse lícito interrumpir cualquier proceso democrático.

     Este acontecimiento, ocurrido en 1964, pone de manifiesto que los organismos armados ya intuían la proximidad de una era de luchas populares. Los amenazaba, perceptiblemente, la cercanía de una etapa en la cual se intentaría impulsar cambios que el poder todo viviría como apocalípticos. Se iba gestando así, en la oscuridad, un objeto paranoico (la subversión), al que se experimentaba como algo difuso, ambiguo, que podía hallarse en cualquier parte, en cualquier persona; que se multiplicaba, se extendía, reptaba. En declaraciones hechas en el exterior a mediados del 1984, Ramón Camps se lamentaba “... sabemos que el drama de la argentina es la ambigüedad”. Por muchos siglos, la comunidad cristiana encarnó a ese objeto delirante en la figura del demonio; incluso la fantasía desbordada creó ejércitos de bestias, siempre ubicuas, siempre astutas, fatales: morando debajo de la lengua unas ( por la cual el poseído profería blasfemias); adentro del cerebro, exhibiendo dos penes, otras. El remedio: la hoguera.

     La “subversión” también adoptó la forma de un demonio. Por boca de militares y altos oficiales policiales se hablaba del “ demonio de la subversión”. Un gobernador de Córdoba durante la presidencia de Roberto M. Levingston la comparó con una víbora, símbolo del Mal.

     De modo que la atmósfera de profundas modificaciones que iban invadiendo amplios sectores de la población, fue vivida por las clases gobernantes como una hecatombe.

     Y el objeto paranoico se confirma a partir del Cordobazo de mayo de 1969. El pueblo se subleva: los obreros, la clase media, los soldados, los estudiantes; pero también los hijos, las esposas, los sacerdotes, los homosexuales. Las bases del sistema desconocen a la autoridad. En 1971, los alumnos de la cátedra del profesor Amuchástegui se rebelan contra el autoritarismo del que hacía gala su titular y exigen cursos paralelos. En el seno de cada familia, los hijos adoptan la moda de enfrentar la voluntad de sus padres, de irse a vivir solos y seguir carreras humanistas, en contra de la opinión paterna que les sugiere profesiones más rentables. Se habla de control obrero de la producción. Los villeros, hasta entonces ubicados en una categoría infrahumana, se organizan. El feminismo y las ideas de libertad sexual enfrentan las burlas y el asombro. Sacerdotes y obispos contraen matrimonio, se habla de eliminar oficialmente el celibato; los curas párrocos leen a Marx y, en algunos casos, toman las armas. Ha llegado la hecatombe, Satanás se ha instalado en la Tierra. El deterioro ético que corrompe, a partir de este momento, a los aparatos represivos, a muchos individuos que se integran a ellos y, en particular, a las fuerzas Armadas que se apoderan del estado en 1976, no es más que el emergente de aquella incertidumbre y ese terror de los sectores afectados por los cambios.

     En los primeros meses de la reimplantación de la democracia,, los argentinos asistimos al descubrimiento de todas las atrocidades llevadas a cabo por la represión. Hemos escuchado a unos y otros, lo que nos pone en condiciones de extraer algunas conclusiones. Rotas las mordazas, tanto de la extrema derecha como de las víctimas del terrorismo de Estado, los diarios testimonian los residuos de una morbilidad alarmante.

     Quizás los ejemplos más dramáticos del mal ético y mental del aparato militar lo constituyan dos de los generales más comprometidos en los excesos de la guerra sucia: Ramón Camps y Juan Bautista Sasiaiñ. El primero nos cuenta, luego de admitir ser responsable de 5.000 desapariciones y haber aplicado la tortura como método, que su conciencia está “muy tranquila”. Afirma que el mundo vive “en la tercera guerra mundial” y admite coincidir en algunos puntos con Adolfo Hitler. En la justificación de las desapariciones de niños, el método de entregarlos a otros padres, hallamos un primer remedio a la crisis de la familia detectada por las Fuerzas Armadas. La excesiva democratización del sistema familiar no inspiraba confianza: “... era necesario- dice- impedir que esos niños fueran criados en las ideas de subversión de sus padres. Las llamadas madres de desaparecidos son todas subversivas. Lo son todos los que no se preocupan de hacer de sus hijos buenos argentinos”  (“Clarín”, 20-1-84, página 2).

     Otro ejemplo de personalidad perturbada lo encontramos en Sasiaiñ, luego acusado de homicidio. En sus expresiones recogidas por la prensa en su última alocución como jefe de Policía, confirma la perturbadora presencia de la subversión como ente que, desde las sombras, lleva adelante una conspiración: “resulta evidente que hoy- señaló el ex funcionario en aquella ocasión- a nuestras naturales vicisitudes internas se suma el complejo efecto logrado por la coincidencia de la ofensiva permanente de la subversión internacional, con la lucha económico- financiera en dimensión planetaria” (“Clarín”. 9-10-83).

     Pero en estos hombres destruidos debemos reconocer el mérito de la sinceridad, y al sistema democrático que les brinda un espacio para sus discursos, la ventaja de detectarlos, de señalarlos, de permitirnos conocer sus nombres.

     Con todo, el perfil psicopatológico de manifiesto en todos estos militares, de ninguna manera debe hacernos olvidar la responsabilidad ética de los crímenes consumados, y que sólo reparará en la cárcel. En ellos hubo conciencia de exterminio, premeditación en el planeamiento a veces inteligente, intencionalidad en la organización de la destructividad. Hubo, en suma, perversidad.

     La locura, y en especial cuando la asume colectivamente una institución armada al margen de la ley, no debe ser excusa para la eximición del delito, en particular por el grado de peligrosidad que implica. Tampoco es lícito excusarlos mediante el aberrante argumento de la “ obediencia debida”, sobre la cual se asienta ciegamente el accionar militar. Así, la ética del soldado por la cual estaría en condiciones de juzgar la validez de una tarea, queda supeditada a la orden de un superior. El raciocinio de las bases de todas estas instituciones autoritarias molesta a las cúpulas. Su eficiencia se asienta en el desarrollo del automatismo y, a lo sumo, en el perfeccionamiento técnico de sus miembros; pero aterra la humanización de aquellos que sólo deben limitarse a ejecutar maquinalmente lo que fue decidido a sus espaldas, en reuniones secretas, por individuos que en general jamás han visto y que moran en un castillo kafkiano, inalcanzable.

     Ciertos valores éticos, aquellos capaces de contener la agresividad insaciable del hombre y de tornar posible la convivencia humana, fueron siempre una molestia rápidamente combatida en las Fuerzas Armadas, prontamente tildada de insubordinación e inevitablemente castigada. El soldado, y esto ya desde el inicio mismo de la organización castrense en nuestro país, fue irremediablemente acostumbrado al servilismo irracional, en la construcción de una entidad armada que hasta el 10 de diciembre de 1983, y desde el golpe de Uriburu, se abrió paso entre las instituciones civiles del mismo modo como pretendiera Luciano Benjamín Menéndez ante una multitud indignada, esto es, “a sablazos”. Y fue también a sablazos que sumieron a la República en el terror y en el dolor; porque a sablazos borraron a toda una generación de jóvenes por la cual la Argentina, indudablemente, como lo han hecho todas las naciones sensatas, habría logrado superar su pasado.

Por Marcelo Manuel Benítez.

Agradecemos la colaboración del artista plástico León Ferrari por el aporte de sus obras para la gráfica de esta nota.

FUENTES CONSULTADAS

- “Todo es historia” N° 192 ( Ricardo Rodríguez Molas, Tortura, suplicios y otras violencias) Mayo 1983.

- “Vigilar y castigar” de Michael Foulcault ( Ed. Siglo XXI, 1981).

- “Historia económica y social argentina” de Fernando L. Sabsay. Bibliográfica Omega, 1967, Tomo I.

- “Cuadernos de Marcha” N° 44, 1970.

- “Nueva Presencia” ( ediciones varias)

-  Diario “Clarín” ( ediciones varias)

-  Revista “Siete Días” N° 848; semana del 14-9-83 al 20-9-83.

Por Marcelo Manuel Benítez


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